martes, 28 de octubre de 2014

Declaración: Rechazo a la nueva ley de hidrocarburos

La Ley de Hidrocarburos no debe ser sancionada, porque convalida el statu quo decadente de nuestra producción petrolera y gasífera, permitiendo las prórrogas de las actuales concesiones a las petroleras que actualmente las poseen en forma prácticamente indefinida; promueve el capitalismo de amigos, lesiona intereses provinciales, y expresa mayorías parlamentarias circunstanciales de mandatos que se agotan.
Este no es ni el modo ni la política para atraer las  inversiones que requiere el desarrollo del potencial petrolero argentino que nos permitan recuperar el autoabastecimiento energético perdido en ésta década.

Un pacto Nación-Provincias petroleras falaz como base de la reforma

El objetivo del reciente pacto “Nación-Provincias” que da sustento a la ley que cuenta con media sanción del Senado y que se apresta a sancionar la Cámara de Diputados que modifica parcialmente la ley de hidrocarburos 17319 es recuperar el autoabastecimiento perdido. Dice: “No existirá soberanía hidrocarburífera efectiva sin un fuerte incremento de las inversiones. La Nación, que afronta los pagos de importaciones de combustibles para sustituir lo no producido, y las Provincias, poseedoras de recursos aún no explotados, tienen que asociarse a fin de alcanzar en el menor plazo posible el autoabastecimiento”.
El razonamiento es falaz, pues la pérdida del autoabastecimiento y las importaciones crecientes que afronta año a año la Argentina tienen como responsable primario a las fallidas políticas públicas de los últimos 10 años.
El autoabastecimiento no lo va a recuperar  la modificación de la ley que se intenta sancionar, sino una nueva política energética, racionalmente concebida, con consensos parlamentarios robustos; que en otro contexto económico e institucional sea capaz de devolvernos certidumbre y horizontes de largo plazo. Como parte de esa nueva política los Ex Secretarios de Energía hemos expresado en reiteradas oportunidades que será necesario sancionar una nueva ley de amplios consensos que sustituya la ley vieja 17.319 que no da ya respuestas a los desafíos que Argentina tiene por delante en materia petrolera.
La recuperación del autoabastecimiento requiere grandes inversiones. Pero esas inversiones no van a venir a un país que está fuera del mundo, donde prima la intervención discrecional y donde las leyes no se cumplen, empezando por la Constitución Nacional.


La situación energética y petrolera de argentina se agrava día tras día

Este año Argentina tendrá  un déficit de balanza comercial energética de aproximadamente 7.000 millones de dólares (reconocido por las propias estimaciones oficiales) y los subsidios a la energía van a estar en alrededor de 12.500 millones de dólares. Ambos hechos son altamente perturbadores del funcionamiento macroeconómico de la Nación.
La producción petrolera y gasífera de Argentina continúan en disminución, lo que agrava nuestra situación.


La única estrategia: los recursos no convencionales; la única herramienta: la prórroga de las concesiones “sine die

En 2011, la Señora Presidente, con casi el mismo elenco de funcionarios que hoy la acompañan, fue al auditorio de la entonces española YPF, a celebrar con la conducción de aquel entonces las primeras perforaciones de shale oil.
Nadie hablaba en ese entonces de concesiones especiales para la explotación no convencional ni de nuevas prórrogas a concesiones ya prorrogadas. Regían las concesiones  y los plazos de la ley 17.319: 25 años y 10 de prórroga.
Bajo el pretexto de otorgar nuevas concesiones para la explotación no convencional a quienes ya son titulares de derechos (sin costo alguno y por 35 años más 10 de prórroga), y habilitar nuevas prórrogas en las concesiones no convencionales a mínimo costo tarifado en la ley, los dueños del negocio petrolero de hoy pueden extender sus derechos  en el tiempo sin límite, y sin proceso licitatorio y competitivo de por medio.
Vemos con preocupación que toda la estrategia de la actual administración está orientada a la explotación de los yacimientos no convencionales como si Argentina ya no tuviera, excepto esa,  otras alternativas para explorar y explotar nuevos recursos.
La ley ha seguido  un insólito trámite parlamentario exprés, impropio de la importancia que la misma reviste. Fue promovida y auspiciada por YPF, sociedad comercial ahora controlada por el Estado, pero con 49% de acciones de tenencia privada. Es cierto, YPF necesita atraer inversiones y es la empresa que posee el mayor número de derechos exploración y concesiones de explotación en la geología argentina, pero las restricciones de YPF para acceder al financiamiento internacional y conseguir socios estratégicos se deben a que YPF es la primera víctima de las políticas públicas que afectan la economía en general y el sector energético en especial.
Se convalida un proceso de negociación directa entre la empresa y la autoridad de turno. Nada más conservador del statu quo de tenencia de áreas y decadencia productiva que este mecanismo. Nada más disuasivo de futuros nuevos ingresantes  a la industria que esta convalidación de un sistema cerrado, donde, además,  el poder concedente de las provincias queda licuado.
Los actuales titulares de derechos petroleros, YPF en primer lugar, usarán las facultades que les asegura la nueva ley para apropiarse de renta potencial y condicionar la entrada de nuevos actores a lo que se acuerde con  ellos, en contratos que seguramente van a reproducir la opacidad y el secreto del precedente que fijó el de YPF con Chevron.
YPF paradójicamente sigue siendo una empresa, que aun siendo de propiedad mayoritaria del Estado, está inexplicablemente al margen del control de la Auditoría General de la Nación, que es precisamente el organismo constitucional que la debería auditar.


A modo de conclusión

La ley que se intenta sancionar invoca la adjudicación competitiva de derechos. Pero esto queda como una mera expresión de deseos frente al loteo del subsuelo promovido por las nuevas concesiones hechas sobre concesiones actuales sin licitación y por las prórrogas de prórrogas ya señaladas.
La ley es a todas luces un instrumento incompleto, porque no está inscripta en Una Nueva Política Energética; por ejemplo busca dar señales de previsibilidad a la participación de la renta que corresponde a las provincias (canon, límite a regalías, bono de prórroga, posibilidad de acarreo, impuestos provinciales y contribuciones municipales, adicional por responsabilidad social empresaria) pero no da previsibilidad a la renta que pueden apropiar el Estado nacional por la vía retenciones u otros impuestos, ni los consumidores vía controles o administraciones de precios.
Con un criterio retrógrado, la ley confunde energía con hidrocarburos olvidando que los hidrocarburos son solo una parte de la energía, que debe ser armonizada con la utilización de los recursos renovables y con el respeto por el medio ambiente.
En definitiva, nuevamente frente a una salida hacia adelante a través de un atajo cortoplacista, que lo único que persigue es que YPF sustituya el poder concedente de las provincias, ofreciéndoles a potenciales socios un régimen especial (para inversiones de 250 millones de dólares) en acuerdos que cerrará como nueva intermediaria en el otorgamiento de derechos. Todo en perjuicio de licitaciones transparentes y competitivas, que son las que optimizan la explotación del recurso,  maximizan la apropiación de renta, y potencian las inversiones de largo plazo.


Firmado:

Emilio Apud - Julio César Aráoz - Enrique Devoto - Roberto Echarte
Alieto Guadagni - Jorge Lapeña - Daniel Montamat - Raúl Olocco

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martes, 14 de octubre de 2014

Documento: Argentina debe modificar su matriz energética


Agentina debe modificar su matriz energética. Para ello es necesario incrementar la utilización de energías renovables, aumentar la eficiencia energética y asumir compromisos regionales y globales para la mitigación del cambio climático 
RESUMEN EJECUTIVO

A)   Generalidades

El sector energético argentino mantiene y agrava su crisis estructural, suficientemente descrita y anunciada con anticipación por el grupo de Ex Secretarios de Energía. Los datos concretos de la producción energética correspondientes a agosto de 2014 nos indican que continúan disminuyendo la producción de gas natural y de petróleo, y que no se producen descubrimientos de nuevos yacimientos de hidrocarburos, todo ello en el marco de un muy fuerte incremento de los subsidios energéticos y una crónica disminución de las reservas de divisas y ausencia de crédito externo.

B)   Argentina no debe adoptar una política energética simplista ni oportunista

En ese contexto, el Gobierno nacional impulsa sin consensos una nueva ley de hidrocarburos unánimemente rechazada hasta ahora por la oposición parlamentaria, detrás de la cual se esconde una estrategia energética unidireccional e inconveniente que podríamos definir como “Vaca Muerta, única solución para los problemas de la Argentina”.

Ante esta situación, los Ex Secretarios de Energía creemos fundamental no perder el foco respecto a una cuestión central: la Energía necesita una política integral, concebida con criterio estratégico, y fundada en consensos políticos amplios. Esta política debe ser transparente y accesible al conocimiento de cualquier ciudadano.

C)    La cuestión estratégica: más energía renovable y mayor eficiencia en el consumo energético
Dentro de esa óptica, juega un rol central la transformación y diversificación de nuestra matriz energética, procurando la sustitución de las energías fósiles por energías renovables, y la eficiencia energética.

Para cambiar nuestra matriz energética y simultáneamente hacer una contribución a la mitigación del cambio climático en forma realista, tenemos básicamente cuatro posibilidades inmediatas, basadas en energía renovable, amigable con el medio ambiente y de producción nacional: 1) biocombustibles (etanol y biodiesel de soja); 2) energía eólica; 3) energía hidroeléctrica y 4) energía solar y otras alternativas.

Debemos enfatizar que la implementación de una política de transformación de la matriz y de eficiencia energética requiere de una acción mancomunada entre el Estado y los consumidores, y será siempre una política de largo plazo, con objetivos estratégicos consensuados y permanentes.

D)   Energía y ambiente: una unión indisoluble

La cuestión del impacto ambiental de cada emprendimiento energético es de alta prioridad social y política. Ello requiere de la aplicación por parte del poder público de normativa exigente de una eficaz fiscalización, y de transparencia para asegurar que sean debidamente tomadas en cuenta las opiniones de los afectados por la construcción de las obras.

Nuestra generación ha recibido la Tierra en préstamo de las generaciones futuras. Preservar el medio ambiente en nuestro país y en el planeta no implica renunciar al crecimiento económico, ya que es posible expandir la producción de bienes y servicios y al mismo tiempo reducir las emisiones contaminantes. Como nación deberemos aportar, en el marco de acuerdos regionales, a una solución global que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero.


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domingo, 12 de octubre de 2014

Compromiso energético: consensos en la crisis

Un grupo de ex secretarios de Energía fijaron políticas comunes con los principales candidatos presidenciales; cómo y para qué se gestó el acuerdo
Por Diego Cabot y Carlos Manzoni
Publicado en La Nación el 11 de octubre de 2014

Hubo un momento de la Argentina actual en el que la energía dejó de ser un tema de conversaciones de ingenieros o petroleros y donde los números de sus cuentas fueron mucho más allá de los balances de las compañías del sector.

Ese momento llegó cuando se asentaron los resultados de la política energética que el kirchnerismo puso en marcha allá por 2003, cuando asumió el presidente Néstor Kirchner. Tarifas desiguales, índices de inversión incapaces de remontar la cuesta del deterioro del parque, subsidios desbocados, importaciones que se han convertido en una aspiradora de dólares que se pagan al contado, desinterés de grandes jugadores mundiales por poner una ficha en la Argentina. Todo condimentado con un proyecto de ley de hidrocarburos que ya está en el Congreso, pero que no logró apoyos unánimes.

El sector energético no es un tema de especialistas, es, según creen ellos, pilar fundamental de la política económica de cualquier gobierno que asuma después de las elecciones del año que viene. 

Será, según creen, momentos de consensos para aplicar planes a largo plazo.
Ocho ex secretarios de Energía de la Nación hace tiempo que se dedicaron a buscar acuerdos, más allá de sus filiaciones políticas y sus gustos personales. Julio César Aráoz, Emilio Apud, Daniel Montamat, Jorge Lapeña, Alieto Guadagni, Raúl Olocco, Alberto Devoto y Roberto Echarte elaboraron un documento conjunto sobre bases y estrategias a mediano y largo plazo. Intentaron trazar un camino de continuidad de ciertos lineamientos básicos. Y con esa iniciativa recorrieron el arco político y lograron que los principales candidatos a presidente estamparan su firma. Seis de ellos cuentan a LA NACION cuáles son los puntos de consenso.

Julio C. Aráoz: -Hace cinco años en el CARI [Consejo Argentino de Relaciones Internacionales] llamaron a ex secretarios de Energía de la Democracia para establecer bases técnicas para una futura crisis que se avecinaba, pero se tapaba.

Emilio Apud: -En esa reunión hubo coincidencias y alguien dijo que si pensábamos igual por qué no nos juntábamos. Así hicimos varios documentos, que enviamos primero a la presidenta Cristina Kirchner. Pero no tuvimos respuesta.

Aráoz: -Pasaron cinco años en los que alertamos, diagnosticamos y propusimos. Si queríamos hacer una política seria, debíamos llevar una propuesta a los candidatos. Hoy, todos los candidatos de la oposición firmaron un convenio de buenos deseos, en el que se habla de buenas prácticas y de la idea de hacer políticas de Estado como forma cultural de la nueva Argentina que se avecina, frente a la política de los empujones y del discurso único que hay hoy.

-Desde aquel diagnóstico de 2008, ¿cómo está hoy el sector?

Jorge Lapeña: -Igual. El diagnóstico fue acertado. Dijimos que el país entraba en una crisis energética estructural y que el sistema se hacía insostenible a futuro. El Gobierno atacó este diagnóstico. La realidad demostró que el sistema energético fue al colapso y que perdimos el autoabastecimiento. Un sector como el energético, intensivo en uso de capital, no sale con un plan corto, sino que requiere 20 años de políticas permanentes y acciones coordinadas. Para lograr esto era necesario promover acuerdos.

-¿Por ejemplo cuáles?

Lapeña: -Están en la declaración de compromiso de 14 puntos de buenas prácticas. El país tiene que vender la energía a un precio que recupere la totalidad de los costos en que incurrió el sistema para producir esa energía que se consume.

Daniel Montamat: -Cuando largamos, el problema energético se medía en cortes. Dijimos que el problema energético, que se subestimaba, pegaría en la economía, y fuerte. Y así fue: ya pega en la economía, en las cuentas externas, en las cuentas públicas vía subsidio, en las tasas de inversión. Antes este sector se evaluaba muy aislado del problema económico. Hoy, es preocupación de la clase política. En 2009, todavía el país tenía superávit en la balanza energética; hoy, tiene un déficit de US$ 7000 millones; los subsidios a la energía eran $ 5000 millones; este año serán $ 120.000 millones; esos subsidios se financiaban con impuestos: hoy lo hacen con emisión; la Argentina tenía una tasa de inversión de 22%, hoy es de 19 por ciento.

Apud: -Acá hubo populismo energético, y eso va en contra de toda racionalidad. Congelaron tarifas en Capital y Gran Buenos Aires, porque 40% del electorado está acá, con objetivos que no hacen al bienestar del país, sino a una política de poder y de corto plazo. Lamentablemente, lo que dijimos se dio. Las importaciones que se hacen son un mamarracho, con precios exorbitantes.

-En este contexto, ¿habrá inversión?

Montamat: -Nosotros somos pro inversión. Para recuperar el déficit energético se necesitan US$ 20.000 millones por año, en petróleo, gas y electricidad, para acompañar un crecimiento del PBI de 3%. El ahorro nacional es de US$ 90.000 millones, con lo que no se puede sacar de ahí porque se desfinancian otros sectores. Hay que traer el dinero de afuera.

Alieto Guadagni: -En ninguna década del siglo XX cayó la producción; en la última, todos los meses de todos los años, por 11 años consecutivos, cayó la producción de petróleo y de gas. Incluso cae este año, a pesar de que YPF está reflotando. Lo que pasa que a YPF la achicaron tanto, cuando metieron el socio australiano [se refiere al grupo Eskenazi, cuyo vehículo de inversión fue una sociedad australiana compuesta por la familia] y de común acuerdo con Repsol y el gobierno argentino decidieron vaciarla. Tenemos un problema estructural enorme. Es tanta la mala praxis que nuestro país era exportador cuando el barril de petróleo valía US$ 15 y se convierte en importador cuando el barril está a US$ 100. La descapitalización por pérdida de reservas de petróleo y gas equivale a 500 millones de cabezas de ganado.

-Además de mala praxis, ¿hay corrupción?

Guadagni: -El grupo se preocupó por denunciar temas de corrupción. Planteamos la irracionalidad de las estaciones hidroeléctricas, porque hay otras mejores en términos de costo por kilovatios. La falta de información sobre los cortes de luz, que no se publican desde 2011, la operación con Venezuela, en fin.

-¿Qué harían con Enarsa?

Lapeña: -La eliminaría, por inútil. 

Apud: -Yo la cerraría.

Aráoz: -Debería rendir cuentas.

Lapeña: -Debe rendir cuentas. Es una creación de la actual administración, de 2004, cuyo objetivo central era explorar la plataforma continental, que son 500.000 kilómetros cuadrados. La empresa no cumplió con ese objetivo y no ha descubierto un solo litro. Es una empresa inútil a los fines sociales y económicos, por lo tanto, tiene que ser eliminada.

Apud: -El avión de Enarsa se usaba para ir a Venezuela y venir, y traían ahí las valijas con dólares. Entonces, no se puede decir que se cierre y cada uno se vaya a su casa. Hay que investigar.
Guadagni: -Es un problema que los ingleses exploren en Malvinas, pero mucho más grave es que no hayamos explorado en nuestra área. Dejamos de lado la oportunidad de hacer una alianza con Brasil, que tiene gran experiencia en el Atlántico.

Raúl Olocco: -Se ha usado el sector para hacer negocios.

Apud: -No solamente Vaca Muerta es el tema hidrocarburífero. Vaca Muerta es el 60% del shale gas que tenemos. Exploramos y concesionamos áreas que representan 30% de todas las cuencas sedimentarias que hay en el país; hay 70% que está virgen. Se puede convocar para explorar eso. Y después está el mar, donde también hay que buscar. Guadagni: -Hablemos del sector eléctrico. Si hay una crisis de hidrocarburos y cae la producción de petróleo y gas, ¿qué centrales debe hacer? Aquellas que no funcionan ni a petróleo ni a gas. Por eso se inventaron las hidroeléctricas o eólicas. Pero este gobierno todas las que hizo son termoeléctricas, alimentadas con petróleo y gas. Dos tercios de la electricidad que estamos consumiendo es fueloil o gasoil.

Montamat: -Lo que se va a inaugurar es todo térmico. Es lo más rápido en el momento de invertir, pero después sale caro.

Lapeña: -Al congelar las tarifas en una economía inflacionaria, las empresas son llevadas a la cesación de pagos o a la quiebra. Como el fantasma más temible es el corte de energía, el Estado invierte por lo que no ha hecho la empresa. Eso se hace con fondos fiduciarios, que son los que aumentan los subsidios desbalanceando las cuentas públicas. Hoy no hay dólares, por las importaciones energéticas, y no hay pesos, porque éstos están tomados por subsidios.

-¿Por qué no bajan los subsidios?

Lapeña: -La parte subsidiada es aún mayor que el universo de consumidores que paga más. Cada vez que hay una devaluación se necesitan más pesos.

-¿Cuánto se recaudó por el aumento de tarifas?

Montamat: -Poco. No mueve el amperímetro. Los subsidios crecieron 40.000 millones de pesos en 2014 y sólo se recaudaron 7500 millones.Guadagni: -Los subsidios son cuatro veces más grandes que toda la inversión pública.

Apud: -Por el congelamiento, tenemos los costos de energía más altos del mundo y las tarifas más bajas.

Guadagni: -Se siguió una política en desmedro del interior del país. Una industria en Salta paga más que una en Lanús. La diferencia con Córdoba y Santa Fe es enorme.

-¿Cómo calificarían la gestión del ministro de Planificación, Julio de Vido?

Montamat: -Aplazo.

Aráoz: -Fue el error garrafal de la política kirchnerista.

Lapeña: -Desastrosa. Ineficiencia, con continuidad. El secretario de Energía que se fue [Daniel Cameron] lo hizo sin dar un discurso de por qué se iba. Todos los números objetivos, caída de producción de petróleo y gas, empresas fundidas, subsidios ilegales y desmedidos y reservas de gas natural depredadas, la mitad de las que había en los noventa, marcan una gestión de muy malos resultados.

Guadagni: -Tuvo dos proyectos frustrados: el gasoducto Bolivariano, que era un disparate, y la refinería Mosconi II, que prometieron varias veces. Por eso el país no tiene capacidad de refinación.

Apud: -Fue una mala gestión para los argentinos, pero para el kirchnerismo fue espectacular, porque le permitió tener el poder, a todas las empresas en la mano, etcétera... Pero sería injusto atribuir a De Vido todo esto, porque el responsable número uno fue Néstor Kirchner.

-¿De qué se trata el documento que firmaron los candidatos?

Aráoz: -En un documento de consenso. Hace unos días recibimos la invitación del Papa, que quiere recibirnos en el Vaticano. Nuestra función termina con el próximo gobierno democrático, cuando le digamos al futuro presidente: "Usted firmó esta propuesta, éstas son las normas que debe respetar".

Apud: -Es muy importante que a nosotros nos escuchen las principales fuerzas con posibilidades de ser gobierno. Eso quiere decir que va a haber un diálogo. Hasta ahora estamos desacostumbrados a esto.

Aráoz: -Néstor sabía mucho de petróleo y energía, por lo tanto, puso a los que menos sabían, como De Vido o el chofer de De Vido [por Roberto Baratta], para hacer muy buenos negocios. Y los hizo.

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jueves, 28 de agosto de 2014

Documento: El Gobierno no puede seguir condicionando el futuro del sector energético con decisiones sin consenso y sin fundamento técnico


Resumen Ejecutivo


Las últimas decisiones del Gobierno nacional relacionadas con el sector eléctrico comprometen negativamente su funcionamiento futuro.

Las contrataciones de apuro que el Gobierno continúa realizando, hacen caso omiso a las críticas que el grupo de Ex Secretarios hemos realizado en varias oportunidadesy a las serias observaciones de la Auditoría General de la Nación (AGN) en su último informe de examen de la empresa estatal ENARSA, dependiente del Ministerio de Planificación Federal.

En este mismo contexto pueden considerarse los recursos del Estado Nacional aplicados a continuar con los Programas de Generación de Energía Eléctrica Distribuida (GEED) que ejecuta ENARSA desde 2007, cuando se crearon como una emergencia ante el déficit de generación. Estos Programas GEED consisten en la contratación de generación de energía eléctrica, mediante pequeñas centrales transportables, para inyectar energía de alto costo durante plazos cortos, en los diversos nodos del sistema eléctrico.

Ahora se ha decidido la incorporación de 1.000 MW más con esta modalidad antieconómica, mediante procedimientos de selección de dudosa transparencia, de convocatoria a concurso en lugar de licitación, de aplicación de condiciones no previstas por ley a quienes pueden ser oferentes, de arbitrariedades en las calificaciones que deben poseer los oferentes para ser elegibles. Estos procedimientos aseguran la discrecionalidad del funcionario y los actos de colusión entre estos y contratistas amigos del Gobierno.

Estos Concursos concluidos recientemente por ENARSA, significan la contratación para el largo plazo de una solución antieconómica, concebida exclusivamente para situaciones de emergencia y que se justifican solo en el corto plazo. Además introducen sobrecostos en concepto de generación eléctrica por más de USD 10.000 millones hasta el año 2019, de los que se tendrá que hacer cargo el próximo gobierno.

Si a estos casos irregulares se le agregan la adjudicación, luego de tres licitaciones, de la central Manuel Belgrano II y la de las centrales hidroeléctricas en el río Santa Cruz sin las adecuadas factibilidades técnicas ni financieras, ni el costo de la línea de alta tensión para evacuar la energía que produzca y las contrataciones para la extensión de vida de la central nuclear de Embalse, estamos hablando de adjudicaciones, solo en generación de electricidad, del orden de los US$ 9.000 millones, que recaen mayoritariamente en empresas amigas.

Estos son solo algunos ejemplos que ratifican la decisión del Gobierno por insistir en las políticas que condujeron al sector eléctrico a su actual crisis que padecen los usuarios y que deberán pagar futuras administraciones.

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lunes, 4 de agosto de 2014

Los Ex Secretarios de Energía ante los intentos de sancionar de urgencia un nuevo régimen para la explotación de hidrocarburos

En las últimas semanas se produce en la Argentina un apurado intento de reformar el régimen legal de los hidrocarburos. El gobierno nacional impulsa, en su último año de gestión, un mecanismo de reforma que está reñido con los requerimientos técnicos-económicos y con el funcionamiento republicano.


El método elegido consiste en hacer un pacto entre el gobierno nacional y los gobernadores de las provincias petroleras, y una vez firmado el mismo, instrumentarlo mediante una reforma de la Ley de Hidrocarburos vigente, para la cual seguramente el Congreso Nacional operará con la mayoría oficialista, refrendando lo acordado.

En este contexto, el grupo de ocho Ex Secretarios de Energía convoca hoy, 4 de agosto, a una conferencia de prensa en la que realizará una declaración sobre los intentos de sancionar de urgencia un nuevo régimen para la explotación de hidrocarburos.


Puede descargar el texto de la Declaración de los Ex Secretarios haciendo click AQUÍ.

jueves, 3 de julio de 2014

Declaración sobre la entrada en servicio de Atucha II y la necesidad de hacer un replanteo de la cuestión nucleoeléctrica


En los documentos en los cuales los Ex Secretarios hemos ido exponiendo nuestro pensamiento, ha quedado claro que consideramos al sector nuclear como una de las alternativas interesantes y posibles para poder cambiar la matriz energética, excesivamente dependiente de los hidrocarburos.

Argentina posee una rica historia en materia de desarrollo de la tecnología nuclear que se remonta a la creación misma en 1950 de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Nuestro país ha sido pionero en este desarrollo, tal como lo acreditan la ejecución de las centrales Atucha (1974) y Embalse (1983), la performance de operación de estas centrales en los últimos 40 años. Son destacables los importantes logros en medicina nuclear y el aporte al desarrollo científico y tecnológico argentino y a la formación de recursos humanos de excelencia que han hecho la CNEA y las instituciones vinculadas al sector nuclear en todos estos años.

Es un hecho muy auspicioso que la Central de Atucha II esté finalmente cumplimentando desde fines de mayo las rutinas de puesta en marcha: primera puesta a crítico y conexión a la red con vistas a su operación comercial, que anhelamos tenga la misma performance de eficiencia que tuvieron las centrales que las precedieron. Sabemos de las dificultades técnicas inmensas que significó llevar adelante esta tarea; nuestra felicitación y reconocimiento para los técnicos de NA SA.

Sin embargo, resulta cuanto menos llamativo que el ministro De Vido  califique a la Central Nuclear Atucha II como uno “de los hitos más trascendentes en materia energética”. Esta afirmación hecha en un contexto de crisis energética profunda, como la que atraviesa hoy Argentina y hecha en los finales de un gobierno, merece al menos un comentario por nuestra parte y una advertencia.

Lo que requiere un sistema energético

Desde el punto de vista del funcionamiento de un sistema energético, la experiencia de estar inaugurando en 2014 una central contratada en 1980 es una experiencia que no puede volver a repetirse.

Un sistema eléctrico bien planificado requiere la instalación  de centrales eléctricas de diseños probados, ejecutados en tiempos de obra normales (7 años en una central nuclear), con una financiación asegurada, y con costos de construcción reales que no excedan de los proyectados. No alcanzar estos objetivos implica afrontar grandes inconvenientes futuros que recaerán en los usuarios del sistema energético, y en la economía toda.

La experiencia de Atucha II, una central prototipo con un diseño que ningún país del mundo utiliza y cuyo diseñador, la empresa alemana Siemens, dejó de fabricar por no competitivo, fue contratada en 1980 sin contar con fuentes de financiamiento que aseguraran los fondos necesarios para terminar la obra en tiempo y en forma. Esta experiencia no se debe repetir, para lo cual -una vez terminados los festejos y discursos que seguramente tendrán lugar con motivo de la inauguración oficial- debe analizarse dicha experiencia con minuciosidad, transparencia  con objetividad para no repetir errores.

La terminación de Atucha II: los montos y los plazos

No puede pasarse por alto que el gobierno del presidente Néstor Kirchner decidió, en 2004, finalizar la obra. Para ello se tuvieron en cuenta dos datos relevantes  que se destacaron al tomar esta decisión: el principal es que, según lo oficialmente informado,  para completar Atucha II sería necesaria una inversión razonable del orden de los US$ 700 millones, que para una potencia bruta de 745 MW la tornaba muy atractiva. El otro dato muy importante, destacado por las autoridades, señalaba que el plazo de ejecución sería de apenas 52 meses, o sea que a fines de 2010 estaría en operación comercial.

Esos 745 MW eran importantes, porque la capacidad excedente en generación que había recibido la administración Kirchner se iba agotando, y aunque lo negaran, ya resultaba insuficiente, dando origen en 2007 a una  crisis de abastecimiento eléctrico.

La realidad resultó ser muy diferente a aquellas estimaciones iniciales realizadas por las autoridades ministeriales: los costos de construcción se multiplicaron más de cuatro veces: el último dato conocido es que ya se llevan gastados más de US$ 3.200 millones, y los plazos se han duplicado.

Pero no solo es grave esta falla en la gestión. También hay que  señalar la absoluta falta de transparencia en los gastos y las contrataciones.

Nuestra conclusión es que un desvío tanto respecto de los gastos incurridos, de casi 400% respecto a lo anunciado al tomar la decisión, como de los plazos con un 100% de exceso en el cronograma de obras, requieren una explicación detallada y verificable por parte del Ministerio de Planificación Federal. O la decisión  estuvo mal tomada y habrá que asumir una responsabilidad política, o bien existen sobrecostos por gestión deficiente de las contrataciones. 

Se impone una auditoria sobre lo actuado entre 2004 y 2014

Resulta imprescindible realizar una auditoría integral para conocer:

1) Por qué y en qué se ha producido tan importante desvío respecto del presupuesto inicial,

2) Otras decisiones discrecionales de contrataciones y compras.

El futuro nucleoeléctrico argentino

Es fundamental para el futuro del desarrollo nucleoeléctrico argentino su inserción armónica y racional dentro de sector energético argentino. Debe comprenderse que no existe posibilidad de desarrollo autónomo. La experiencia de Atucha II debe ser transparentada, entendida y aprovechada.

Argentina necesita, en caso de construir nuevas centrales nucleares, que estas sean de diseño probado (es decir nunca más un prototipo), que tengan asegurada su factiblidad técnica, económica y ambiental, que antes de comenzar su ejecución tengan la  financiación asegurada y finalmente que su inversión pueda ser repagada con las tarifas de los consumidores.

Vemos con mucha preocupación que el gobierno, a un año de dejar su mandato de 12 años, y con un presupuesto nacional con un elevado déficit fiscal y fuertemente distorsionado por los subsidios energéticos, se embarque en proyectos nucleares que condicionen fuertemente el futuro y sin haber hecho los estudios necesarios ni promovido el debate más trasparente que esta importantísima cuestión requiere.

Propuesta

Finalmente, creemos que vale la pena que la política nuclear argentina se enmarque definitivamente en compromisos de largo plazo que comprometan a las fuerzas políticas nacionales y también a sectores académicos y empresariales en un esfuerzo conjunto y de largo plazo.

Los Ex Secretarios de Energía hemos propuesto en forma abierta y sin exclusiones a las fuerzas políticas nacionales una DECLARACIÓN DE COMPROMISO, que está siendo firmada por las principales fuerzas políticas argentinas, incluyendo hasta este momento a tres precandidatos a la Presidencia de la Nación para las elecciones nacionales de 2015.

En lo específicamente atinente a  la cuestión nuclear, el punto IV establece:

“OBJETIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES NUCLEARES:
“Por ley especial del Congreso, se determinarán los objetivos del Plan de Construcción de Centrales Nucleares en base a las necesidades energéticas proyectadas y a criterios técnicos, económicos y ambientales. Se promoverá el desarrollo de generación nucleoeléctrica a través de un programa que contemple: la actividad de la industria atómica y su tecnología, las últimas condiciones de seguridad a nivel mundial y las factibilidades económica y financiera”.


Firmado:
Emilio Apud - Julio César Aráoz - Enrique Devoto - Roberto Echarte
Alieto Guadagni - Jorge Lapeña - Daniel Montamat - Raúl Olocco


Puede descargar el documento haciendo click AQUÍ 

lunes, 19 de mayo de 2014

El grupo de Ex Secretarios promueve la firma de una Declaración de Compromiso para la creación de Políticas de Estado

Desde su origen, el grupo de Ex Secretarios de Energía promueve la búsqueda de consensos y la creación de Políticas de Estado para el Sector Energético, que establezcan lineamientos y coincidencias básicas que trasciendan y ordenen las políticas llevadas adelante los sucesivos gobiernos que naturalmente se alternan en una Democracia.

En este sentido, el Grupo invita a todas las fuerzas políticas a adherir a la Declaración de Compromiso que se presenta a continuación, para la construcción de Políticas de Estado para el Sector Energético según los lineamientos que se detallan en el documento.

En este espacio se mantendrán actualizada la nómina de adhesiones a dicha declaración.

DECLARACIÓN DE COMPROMISO


Los abajo firmantes nos comprometemos a observar como marco de referencia para la elaboración de programas de gobierno en el área energética los siguientes puntos.



        I.            POLÍTICA DE ESTADO.
La política energética se concibe como una Política de Estado, se asume como estratégica, y debe ser accesible al conocimiento de cualquier ciudadano que tendrá el derecho a informarse sobre la operación, los objetivos, los planes y las obras del sector.

     II.            PLAN ESTRATÉGICO ORIENTATIVO.
Se establecerá un Plan Estratégico Orientativo de largo plazo, el que será refrendado por ley del Congreso Nacional. Entre sus preceptos deberá considerar criterios de eficiencia, diversificación, integración regional y desarrollo ambientalmente sustentable y preverá la revisión periódica de los objetivos y metas establecidos.

   III.            DIVERSIFICACIÓN DE LAS FUENTES PRIMARIAS DE ENERGÍA.
Se promoverá la reducción de la dependencia de recursos fósiles alentando la diversificación de las fuentes primarias de energía. Se alentará el desarrollo de programas específicos para la hidroelectricidad y la generación eólica. Para esa diversificación se promoverán inversiones privadas y asociaciones público-privadas para licitar obras donde la base de adjudicación sea la provisión de energía eléctrica al menor costo. Los fondos públicos disponibles se afectarán a energías que diversifiquen la oferta primaria o eléctrica y no sean susceptibles a esquemas de asociaciones público-privadas.

   IV.            OBJETIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES NUCLEARES.
Por ley especial del Congreso se determinarán los objetivos del Plan de Construcción de Centrales Nucleares en base a las necesidades energéticas proyectadas y a criterios técnicos, económicos y ambientales. Se promoverá el desarrollo de generación nucleoeléctrica a través de un programa que contemple: la actividad de la industria atómica y su tecnología, las últimas condiciones de seguridad a nivel mundial y las factibilidades económica y financiera.

     V.            BIOCOMBUSTIBLES.
Se promoverán programas destinados al desarrollo de los biocombustibles (biodiesel, etanol) para contribuir a sustituir importaciones de derivados petroleros y a la diversificación de la matriz energética

   VI.            EFICIENCIA ENERGÉTICA.
Se promoverán criterios de eficiencia energética para reducir la tasa de intensidad energética de la Argentina de sus actuales niveles superiores a la unidad (unidades de energía por unidad de producto) a la tasa promedio mundial actual de 0,7 en el curso de la próxima gestión de gobierno.

VII.            ROLES DE LA NACIÓN Y LAS PROVINCIAS.
Se adecuarán y precisarán, conforme a los preceptos constitucionales, los roles de la Nación y las provincias en cuanto a regulaciones y competencias, Se normalizarán los Ente Reguladores transformándolos en organismos altamente profesionalizados.

VIII.            MARCO JURÍDICO PARA LOS HIDROCARBUROS.
Se reformulará la estructura legal vigente en función de las nuevas realidades jurídicas institucionales y geológicas. Las leyes que surjan de ese nuevo ordenamiento, incluida una nueva ley de hidrocarburos, deberán contar con amplio consenso de las fuerzas políticas para que pueda ser aplicada en todo el territorio nacional. Esa nueva legislación deberá conciliar los intereses de las provincias y la Nación, facilitar el pleno desarrollo de los recursos del país y posibilitar la exploración en el Mar Argentino hasta el talud oceánico. También preverá la adecuación institucional para que el Estado pueda ejercer en forma adecuada su rol de fiscalización

   IX.            PROGRAMA DE EXPLORACIÓN PETROLERA.
Se promoverá un programa exploratorio de hidrocarburos que abarque tanto las cuencas sedimentarias convencionales como no convencionales recurriendo para ello a licitación pública internacional. Para los modelos contractuales se tomará en cuenta la experiencia internacional y los antecedentes exitosos de la región.

      X.            INTEGRACIÓN ENERGÉTICA REGIONAL.
Se promoverá una política de integración energética regional para conformar mercados regionales de gas natural y de electricidad que aprovechen la complementariedad de los recursos en la región y las conexiones físicas existentes. Dentro de esta política deberán priorizarse acuerdos con los respectivos socios regionales para la ejecución de las obras de Garabí y otras. También, se propiciarán nexos de cooperación y complementación con Brasil en materia nuclear para encarar una estrategia conjunta para esta fuente energética.

   XI.            GESTIÓN DE YPF.
Se impulsará la gestión autónoma de YPF, controlada por el Estado para que rija su plan de negocios por objetivos empresarios, privilegiando la exploración, el desarrollo y la explotación de las cuencas argentinas, de los recursos convencionales y no convencionales. La empresa mantendrá su capitalización bursátil en el mercado argentino e internacional y podrá establecer asociaciones estratégicas con empresas nacionales o internacionales a partir de contratos estándar consustanciados con las condiciones y lineamientos de la nueva política energética. La Gestión de YPF será auditada por la AGN sin perjuicio de otras auditorías que se realicen sobre la Empresa.

 XII.            PRECIOS Y TARIFAS.
Los precios y tarifas energéticas deberán retribuir los costos totales de los bienes y servicios que produce, asociados a estándares de calidad y confiabilidad preestablecidos. Se reducirán los subsidios presupuestarios a la energía, no justificados socialmente, con la meta de tener precios mayoristas únicos en los mercados de gas y de electricidad y con el objetivo de finalizar el período de transición definido con un set de precios y tarifas que reflejen costos económicos. Para aquellos usuarios vulnerables según indicadores socioeconómicos se establecerá una política de subsidios focalizados (tarifa social), que incluirá a los consumidores de gas licuado de petróleo (gas en garrafas).

XIII.            DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE.
Se adoptarán normas de preservación ambiental aceptadas internacionalmente y que permiten un desarrollo sustentable de la energía. La exploración y explotación de los recursos fósiles no convencionales (shale gas/ shale oil) será objeto de un régimen ambiental especial sancionado por ley del Congreso.

XIV.            MEDIDAS DE URGENCIA Y TRANSICIÓN

  • Realización de una auditoría independiente de las reservas de hidrocarburos a cargo de empresa especializada seleccionada por concurso internacional.
  • Implementación de un Plan de Normalización y puesta a punto del sistema eléctrico del área metropolitana a los efectos de resolver los graves problemas de suministro que tuvieron lugar en diciembre de 2013 y enero de 2014.
  • Replanteo del sistema actual de importaciones de productos energéticos, en particular el de gas natural como GNL, hoy con un suministro inseguro, caro y poco transparente.


Adhesiones


Frente Renovador | Diputado Sergio Massa | 17 de mayo de 2014
Unión Cívica Radical | Senador Ernesto Sanz (Presidente UCR) y Diputado Julio Cobos | 11 de junio de 2014



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