miércoles, 6 de mayo de 2015

Relatoría del seminario LA ENERGÍA EN ARGENTINA Los desafíos políticos, técnicos y económicos 2016-2019


En base a las propuestas de los panelistas y a las propuestas recibidas en forma espontánea de los asistentes durante el Seminario "LA ENERGÍA EN ARGENTINA - Los desafíos políticos, técnicos y económicos 2016-2019", el grupo de ex secretarios elaborará una propuesta a los candidatos, que será concebida como continuación, actualización y profundización de la Declaración de compromiso, firmada en 2014. Para ello, se ha convocado a un Grupo Relator, que confeccionó el Documento Base sobre el que basará la propuesta.

El grupo que elaboró el documento base de referencia  fue coordinado por el Dr. Pablo Ferrara y la Mg. Eliana Miranda, y estuvo conformado (en orden alfabético) por:

  • Ing. Rodolfo Dalmati
  • Dra. Dolores Duverges
  • Dr. Nicolás Eliaschev
  • Dr. Pablo Ferrara
  • Lic. Jorge López
  • Ing. Pablo Magistocchi
  • Sr. Sebastián Melchor
  • Mg. Eliana Miranda
  • Lic. Guido Rangugni
  • Ing. Regina Ranieri
  • Lic. Fabiola Rodrigues
  • Lic. Mariano Romero
Puede acceder al documento haciendo click AQUÍ.

viernes, 17 de abril de 2015

Los acuerdos con Rusia sobre energía nuclear no pueden estar afuera de una Política de Estado para la energía

Se ha tomado conocimiento de que en la reunión prevista entre los presidentes Vladimir Putin y Cristina Fernández para el corriente mes, se avanzaría en la materialización de los acuerdos comerciales y de cooperación tecnológica en materia nuclear y energética. Los acuerdos a firmar se desconocen pero seguramente guardan relación con las gestiones que iniciara en Moscú el año pasado el ministro Julio De Vido, quien a su regreso anunció planes para el sector nuclear por más de US$ 23.000 millones, cuyo contenido y justificación de dicho monto se desconoce, a pesar del tiempo transcurrido desde dicho viaje y sin que se dieran las explicaciones que tan importante cuestión requiere. Tampoco ha existido el ese período información pública, ni aprobación legal alguna por parte del Congreso Nacional.

Es pertinente mencionar que en materia nuclear, en nuestro país rige lo dispuesto en la ley N ° 26.566, sancionada hace más de cinco años, sin que se hayan producido avances en la mayoría de las obras que se definieron en la misma. Tampoco los organismos de control[1] han producido informes sobre el avance de las obras encomendadas en la ley a CNEA[2] y a NA-SA[3]. Cabe poner de manifiesto que las centrales nucleares que se pretende introducir en los acuerdos con Rusia no están contempladas en esta ley mencionada.

El proceder gubernamental indica que se está frente a un modus operandi que ya ha sido utilizado en el caso de los acuerdos con China firmados a principios de febrero del corriente año, que comprometen al país ante un país extranjero en la ejecución de obras de infraestructura de muy alto costo -en este caso, de centrales nucleares-, sin que existan los estudios previos necesarios para justificar la necesidad de las obras integrantes los acuerdos. Muchas veces, bajo una financiación de baja tasa de interés que forma parte de los convenios,estas obras son ejecutadas por empresas sin la debida experiencia ni los debidos procesos licitatorios públicos y transparentes, que aseguren la ejecución de las obras a precios competitivos.

El Grupo de Ex Secretarios de Energía ha sostenido en reiteradas oportunidades, y lo hace ahora nuevamente, que no es técnica ni políticamente razonable lanzar obras de la magnitud y complejidad de una central nuclear sin estudios previos completos[4], que justifiquen que la obra debe ser realizada y que además es viable en lo económico, financiero, ambiental y, muy importante, que asegure la mejor relación costo-beneficio frente a otras alternativas.

La experiencia histórica prueba que cuando este tipo de decisiones se toma en el ámbito político, prescindiendo de los criterios anteriores, el país todo termina afrontando grandes sobrecostos de obras, atrasos significativos en los cronogramas. Situaciones indeseables de en enorme costo y atraso para el sector.

No nos oponemos a los Acuerdos de Cooperación. Creemos que el Gobierno puede y debe firmar convenios de cooperación en energía en general y, en materia nuclear en particular, con los países, que como Rusia, forman parte de nuestras relaciones internacionales, y con los cuales tenemos desde siempre fluidos intercambios comerciales y tecnológicos.

Sin embargo, la compra de centrales nucleares debe surgir luego de una definición consensuada sobre la tecnología más adecuada a migrar, luego de la experiencia de los reactores de agua pesada. Es un tema en el que no se debe improvisar, y debe estar enmarcado en una Planificación Energética Estratégica que la Argentina hoy ausente y que deberá encarar el próximo gobierno.

Es necesario definir el futuro nucleoeléctrico de nuestro país, pero por ser una decisión de altísimo costo y largo período de ejecución que involucrará en su ejecución a varios gobiernos, ello debería hacerse en el marco de una Política de Estado con suficiente consenso político para asegurar su concreción en el tiempo.


Firmado:
Emilio Apud - Julio César Aráoz - Enrique Devoto - Roberto Echarte

Alieto Guadagni - Jorge Lapeña - Daniel Montamat - Raúl Olocco

Puede descargar el documento haciendo click AQUÍ.




[1] La SIGEN
[2] Prototipo de Reactor CAREM de 25 MW
[3] Extensión de Vida de la Central de Embalse y 4° Central Nuclear.
[4] Para una Central Nuclear, los estudios deben comprender el Proyecto Ejecutivo, con la correspondiente selección de la tecnología de generación, el estudio completo del ciclo de combustible nuclear y la procedencia de dicho combustible; los estudios económicos, que indiquen la factibilidad económica, y finalmente los correspondientes estudios de impacto ambiental para la ubicación seleccionada.

lunes, 13 de abril de 2015

Otra oportunidad para los consensos que la Argentina demanda: el cambio climático

Las evidencias científicas señalan al cambio climático como el principal riesgo que enfrentamos hoy en nuestra Tierra.

El próximo 1° de diciembre en París, las 195 naciones que integran las Naciones Unidas decidirán las acciones concretas que se implementarán en los próximos años para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al sistemático crecimiento de la temperatura mundial, emisiones que surgen principalmente de la utilización de combustibles fósiles.

En las negociaciones que culminarán el 11 de diciembre de 2015 participará nuestro país representado por el actual Gobierno. Sin embargo, la resolución final la deberá tomar el próximo Gobierno constitucional ya que asumirá el día 10. Es decir que ese será uno de los primeros actos del nuevo gobierno que surja de las urnas.

Son varios los países que ya comenzaron a presentar sus planes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y así cumplir con las exigencias de la preservación del medio ambiente. Señalemos a Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, y México en América Latina. En varios países se están ya preparando propuestas concretas con amplia participación de los partidos políticos y las organizaciones sociales, ya que este desafío ambiental para preservar nuestro planeta supera cualquier diferencia política.

Argentina debe presentar su propuesta de acción para reducir las emisiones contaminantes antes del día 1 de octubre del corriente año. Ya es hora de demostrar que los argentinos podemos trabajar unidos, puesto que la propuesta la presentará formalmente el Gobierno que se va, pero deberá ser finalmente votada por el Gobierno que viene.

En consecuencia, el Gobierno Nacional debería convocar ya, sin demoras, a los especialistas de las distintas fuerzas políticas e independientes para definir entre todos cuales serán los compromisos y las acciones que llevaremos a cabo (en especial, en materia energética) para contribuir a la mitigación del cambio climático, preservando la Tierra para nosotros, para nuestros hijos y para las futuras generaciones.

Firmado:
Emilio Apud - Julio César Aráoz - Enrique Devoto - Roberto Echarte

Alieto Guadagni - Jorge Lapeña - Daniel Montamat - Raúl Olocco


Puede descargar el documento haciendo click AQUÍ.

viernes, 13 de marzo de 2015

SEMINARIO: "LA ENERGÍA EN ARGENTINA - Los desafíos políticos, técnicos y económicos 2016-2019"

ORGANIZA:
Grupo de Ex Secretarios de Energía

LUGAR:
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)
Sede Posgrado: Paraguay 1338, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

FECHA:
8 de abril de 2015, de 15.00 a 19.00 h

AUSPICIAN:
(en orden alfabético)
Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno
Centro de Estudios Municipales y Provinciales - CEMUPRO
Fundación Mediterránea
Fundación Pensar
Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Instituto de Economía Aplicada y Sociedad
Instituto de Políticas para el Sector Energético
Movimiento Productivo Argentino

OBJETO:
El Objeto del Seminario es reunir elementos de juicio técnicos y económicos por parte de miembros reconocidos de la comunidad energética argentina (académicos, especialistas, empresarios) para formular una recomendación fundada y consensuada a las fuerzas políticas y candidatos presidenciales que competirán en las próximas elecciones nacionales que se inscriba en una Política de Estado para aplicar en el período 2016-2019.

El Seminario tomará como base los acuerdos ya alcanzados en la DECLARACION DE COMPROMISO[1],  firmada por las principales fuerzas políticas y los principales candidatos en 2014.
ASISTENTES:
La asistencia es libre y gratuita con inscripción previa. El Seminario se orienta a los ciudadanos en general, a Organizaciones no Gubernamentales (ONG) con especial interés en la cuestión energética, la provisión de servicios públicos, la explotación de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente, a los sectores académicos, políticos, empresarios,  profesionales y periodistas con interés en la problemática energética.

ORGANIZACIÓN:
El Seminario estará organizado en base a tres paneles temáticos (hidrocarburos, energía eléctrica, y economía de la energía). Los panelistas harán sus exposiciones y expondrán conclusiones y propuestas. El público asistente podrá formular preguntas a los panelistas y formulas  propuestas y sugerencias por escrito que serán recibidas por el Grupo Organizador del Seminario.

FORMULACIÓN DE PROPUESTAS:
El Organizador del Seminario, en base a las propuestas de los panelistas y a las propuestas recibidas en forma espontánea de los asistentes, elaborará una propuesta a los candidatos, que será concebida como continuación, actualización y profundización de la DECLARACIÓN DE COMPROMISO, firmada en 2014[2]. Para ello, el Seminario ha convocado a un Grupo Relator[3], que confeccionará el Documento Base sobre el que  basará la propuesta.



PROGRAMA

14.15 h               Acreditaciones

15.00 h               Apertura 
                            Dr. Gastón O’Donnell, Rector de UCES. Dr. Daniel Montamat.

15.15 h               PANEL N° 1: HIDROCARBUROS
                            Panelistas: Ing. Juan José Aranguren. Ing. Daniel Gerold.
                            Moderador: Ing. Emilio Apud.

16.30 h               PANEL N°2: ENERGÍA ELÉCTRICA
                            Panelistas: Ing. Gerardo Rabinovich. Ing. Alejandro Sruoga.
                            Moderador: Lic. Enrique Devoto.

17.45 h               Pausa para café

18.15 h               PANEL N° 3: ECONOMÍA DE LA ENERGÍA
                             Expositor: Dr. Fernando Navajas.
                             Comentarios: Lic. Roberto Brandt.
                             Moderador: Ing. Jorge Lapeña.

19.30 h               Cierre
        Dr. Julio César Aráoz. Dr. Alieto Guadagni. CPN Raúl Olocco



[1] Disponible en exsecretarios.com.ar

[2] El grupo de Ex Secretarios ha convocado a un conjunto de especialistas energéticos reconocidos para colaborar en la síntesis de las propuestas recibidas y expuestas en el Seminario
[3] Ex Secretarios de Energía

jueves, 5 de febrero de 2015

Comunicado de los ocho ex Secretarios: El acuerdo con china hipoteca nuestro futuro energético

La ley de Presupuesto Nacional de 2015, aprobada solamente por el oficialismo, autoriza al gobierno a endeudarse en US$ 50.300 millones, de los cuales US$ 32.420 millones corresponden a inversiones energéticas y dentro de ellas US$ 11.000 millones son para la construcción de centrales nucleares.

El convenio con China firmado en 2014, con  media sanción en el Congreso y que está siendo implementado por la Presidente mediante firma de convenios específicos en Pekín,  permite que todas las inversiones que surjan del mismo se hagan sin licitación pública, es decir con contrataciones directas, lo que constituye una peligrosa anomalía.

La experiencia internacional indica que las adjudicaciones directas de grandes obras públicas al limitar la apertura y convocatoria a oferentes en forma transparente constituyen  fuente de sobreprecios, baja calidad de los suministros, y  excesivas comisiones en beneficio de los adjudicatarios y los intermediarios en las compras.

Muchas de la obras incluidas en los convenios específicos como las nuevas centrales nucleares y las  hidroeléctricas del Río Santa Cruz son fruto de la improvisación en vez de surgir de un  plan para el sector energético debidamente consensuado. Además, los tiempos de ejecución de estas obras exceden largamente el plazo del actual gobierno y no cuentan con los Estudios de Factibilidad que aseguren su viabilidad técnica, económica, financiera y ambiental, ni el repago de los préstamos que se negocian.

El grupo de Ex Secretarios de Energía afirma que este acuerdo que  impulsa  el gobierno de Cristina Fernández, a 10 meses de terminar su mandato, en forma inconsulta y no transparente, comprometerá al país por décadas en su economía, finanzas,  tecnología y también en la estrategia de su política externa. Se impone por lo tanto que antes de la aprobación definitiva del Convenio con la República de China se someta el tema a un debate integral transparente que provea los acuerdos  políticos necesarios – que hoy se limitan al oficialismo gobernante- para asegurar que lo firmado se cumpla sin detrimento de los altos intereses nacionales en juego.


Emilio Apud, Julio César Aráoz, Enrique Devoto, Roberto Echarte, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat, Raúl Olocco


5 de febrero de 2015  

lunes, 29 de diciembre de 2014

El grupo de Ex Secretarios solicitó al ENRE la publicación de datos sobre la calidad del servicio eléctrico

El lunes 29 de diciembre de 2014, el grupo de ex Secretarios de Energía envió al presidente del Ente Nacional Regulador del Gas, Ing. Ricardo Martínez Leone, una nota solicitando la publicación de los informes anuales del organismo, correspondientes a los años posteriores a 2011.

"Al día de la fecha, el último Informe publicado sobre Control Interno y de Gestión del ENRE, corresponde al periodo 2007-2011. En el caso del Informe Anual, el último corresponde al año 2011, con datos sobre calidad del servicio que apenas llegan hasta agosto del 2011. Es decir que no es posible saber cuál es la real situación del servicio eléctrico en el área de la jurisdicción del ENTE que usted preside".

"La ley 24.065 protege adecuadamente los derechos de los usuarios, pero ejercitar cabalmente este derecho exige un acceso oportuno y transparente a la información relevante sobre la calidad del servicio de suministro de energía eléctrica".


Puede descargar la nota haciendo click AQUÍ.

martes, 28 de octubre de 2014

Declaración: Rechazo a la nueva ley de hidrocarburos

La Ley de Hidrocarburos no debe ser sancionada, porque convalida el statu quo decadente de nuestra producción petrolera y gasífera, permitiendo las prórrogas de las actuales concesiones a las petroleras que actualmente las poseen en forma prácticamente indefinida; promueve el capitalismo de amigos, lesiona intereses provinciales, y expresa mayorías parlamentarias circunstanciales de mandatos que se agotan.
Este no es ni el modo ni la política para atraer las  inversiones que requiere el desarrollo del potencial petrolero argentino que nos permitan recuperar el autoabastecimiento energético perdido en ésta década.

Un pacto Nación-Provincias petroleras falaz como base de la reforma

El objetivo del reciente pacto “Nación-Provincias” que da sustento a la ley que cuenta con media sanción del Senado y que se apresta a sancionar la Cámara de Diputados que modifica parcialmente la ley de hidrocarburos 17319 es recuperar el autoabastecimiento perdido. Dice: “No existirá soberanía hidrocarburífera efectiva sin un fuerte incremento de las inversiones. La Nación, que afronta los pagos de importaciones de combustibles para sustituir lo no producido, y las Provincias, poseedoras de recursos aún no explotados, tienen que asociarse a fin de alcanzar en el menor plazo posible el autoabastecimiento”.
El razonamiento es falaz, pues la pérdida del autoabastecimiento y las importaciones crecientes que afronta año a año la Argentina tienen como responsable primario a las fallidas políticas públicas de los últimos 10 años.
El autoabastecimiento no lo va a recuperar  la modificación de la ley que se intenta sancionar, sino una nueva política energética, racionalmente concebida, con consensos parlamentarios robustos; que en otro contexto económico e institucional sea capaz de devolvernos certidumbre y horizontes de largo plazo. Como parte de esa nueva política los Ex Secretarios de Energía hemos expresado en reiteradas oportunidades que será necesario sancionar una nueva ley de amplios consensos que sustituya la ley vieja 17.319 que no da ya respuestas a los desafíos que Argentina tiene por delante en materia petrolera.
La recuperación del autoabastecimiento requiere grandes inversiones. Pero esas inversiones no van a venir a un país que está fuera del mundo, donde prima la intervención discrecional y donde las leyes no se cumplen, empezando por la Constitución Nacional.


La situación energética y petrolera de argentina se agrava día tras día

Este año Argentina tendrá  un déficit de balanza comercial energética de aproximadamente 7.000 millones de dólares (reconocido por las propias estimaciones oficiales) y los subsidios a la energía van a estar en alrededor de 12.500 millones de dólares. Ambos hechos son altamente perturbadores del funcionamiento macroeconómico de la Nación.
La producción petrolera y gasífera de Argentina continúan en disminución, lo que agrava nuestra situación.


La única estrategia: los recursos no convencionales; la única herramienta: la prórroga de las concesiones “sine die

En 2011, la Señora Presidente, con casi el mismo elenco de funcionarios que hoy la acompañan, fue al auditorio de la entonces española YPF, a celebrar con la conducción de aquel entonces las primeras perforaciones de shale oil.
Nadie hablaba en ese entonces de concesiones especiales para la explotación no convencional ni de nuevas prórrogas a concesiones ya prorrogadas. Regían las concesiones  y los plazos de la ley 17.319: 25 años y 10 de prórroga.
Bajo el pretexto de otorgar nuevas concesiones para la explotación no convencional a quienes ya son titulares de derechos (sin costo alguno y por 35 años más 10 de prórroga), y habilitar nuevas prórrogas en las concesiones no convencionales a mínimo costo tarifado en la ley, los dueños del negocio petrolero de hoy pueden extender sus derechos  en el tiempo sin límite, y sin proceso licitatorio y competitivo de por medio.
Vemos con preocupación que toda la estrategia de la actual administración está orientada a la explotación de los yacimientos no convencionales como si Argentina ya no tuviera, excepto esa,  otras alternativas para explorar y explotar nuevos recursos.
La ley ha seguido  un insólito trámite parlamentario exprés, impropio de la importancia que la misma reviste. Fue promovida y auspiciada por YPF, sociedad comercial ahora controlada por el Estado, pero con 49% de acciones de tenencia privada. Es cierto, YPF necesita atraer inversiones y es la empresa que posee el mayor número de derechos exploración y concesiones de explotación en la geología argentina, pero las restricciones de YPF para acceder al financiamiento internacional y conseguir socios estratégicos se deben a que YPF es la primera víctima de las políticas públicas que afectan la economía en general y el sector energético en especial.
Se convalida un proceso de negociación directa entre la empresa y la autoridad de turno. Nada más conservador del statu quo de tenencia de áreas y decadencia productiva que este mecanismo. Nada más disuasivo de futuros nuevos ingresantes  a la industria que esta convalidación de un sistema cerrado, donde, además,  el poder concedente de las provincias queda licuado.
Los actuales titulares de derechos petroleros, YPF en primer lugar, usarán las facultades que les asegura la nueva ley para apropiarse de renta potencial y condicionar la entrada de nuevos actores a lo que se acuerde con  ellos, en contratos que seguramente van a reproducir la opacidad y el secreto del precedente que fijó el de YPF con Chevron.
YPF paradójicamente sigue siendo una empresa, que aun siendo de propiedad mayoritaria del Estado, está inexplicablemente al margen del control de la Auditoría General de la Nación, que es precisamente el organismo constitucional que la debería auditar.


A modo de conclusión

La ley que se intenta sancionar invoca la adjudicación competitiva de derechos. Pero esto queda como una mera expresión de deseos frente al loteo del subsuelo promovido por las nuevas concesiones hechas sobre concesiones actuales sin licitación y por las prórrogas de prórrogas ya señaladas.
La ley es a todas luces un instrumento incompleto, porque no está inscripta en Una Nueva Política Energética; por ejemplo busca dar señales de previsibilidad a la participación de la renta que corresponde a las provincias (canon, límite a regalías, bono de prórroga, posibilidad de acarreo, impuestos provinciales y contribuciones municipales, adicional por responsabilidad social empresaria) pero no da previsibilidad a la renta que pueden apropiar el Estado nacional por la vía retenciones u otros impuestos, ni los consumidores vía controles o administraciones de precios.
Con un criterio retrógrado, la ley confunde energía con hidrocarburos olvidando que los hidrocarburos son solo una parte de la energía, que debe ser armonizada con la utilización de los recursos renovables y con el respeto por el medio ambiente.
En definitiva, nuevamente frente a una salida hacia adelante a través de un atajo cortoplacista, que lo único que persigue es que YPF sustituya el poder concedente de las provincias, ofreciéndoles a potenciales socios un régimen especial (para inversiones de 250 millones de dólares) en acuerdos que cerrará como nueva intermediaria en el otorgamiento de derechos. Todo en perjuicio de licitaciones transparentes y competitivas, que son las que optimizan la explotación del recurso,  maximizan la apropiación de renta, y potencian las inversiones de largo plazo.


Firmado:

Emilio Apud - Julio César Aráoz - Enrique Devoto - Roberto Echarte
Alieto Guadagni - Jorge Lapeña - Daniel Montamat - Raúl Olocco

Puede descargar el documento haciendo click AQUÍ.