Por
Jorge Lapeña
El martes 27 de noviembre se presentó
el documento “Consensos para recuperar la confianza y transformar en riqueza
nuestro potencial energético” ,
elaborado por el grupo de 8 ex secretarios de Energía (ver
www.exsecretarios.com.ar). El grupo tiene algunas características singulares:
está integrado por la mayoría de quienes han ejercido el cargo de Secretario de
Energía desde 1983 hasta el presente; los documentos nunca fueron considerados
por el gobierno; cada documento fue cuestionado por los funcionarios gubernamentales
recurriendo a la descalificación personal.
Se
trata del undécimo documento elaborado por el grupo desde el 11 de marzo de
2009. En este caso, a diferencia de los anteriores que se remitieron a la
Presidenta de la Nación, la presentación se realizó en la Cámara de Diputados
de la Nación, ante numerosos legisladores de varias bancadas y público
especializado.
El
trabajo trata, actualiza y profundiza los anteriores y lamentablemente nos da
la razón a los autores. La crisis energética estructural ahora es evidente y
sus efectos son perceptibles por toda la sociedad. El trabajo se elaboró sobre
la base de las conclusiones de un Seminario que se realizó en la Universidad de
Ciencias Empresariales y Sociales y contó con el auspicio de la Asociación de
Dirigentes de Empresas (ADE) y del Instituto Argentino de la Energía Gral.
Mosconi. Lo original es que los autores no participamos de los paneles; nos
limitamos a coordinar y apuntar las conclusiones que especialistas calificados
e independientes fueron vertiendo en cada panel.
El
Documento aborda cuestiones centrales que explican el mal funcionamiento
sectorial: 1) La caída de las reservas de hidrocarburos que se ha producido
particularmente en la última década debida a la inexistencia de una política pública
coherente ; 2) La caída
crónica de la producción de hidrocarburos, consecuencia de lo anterior y que es
la causal principal de la pérdida del autoabastecimiento energético; 3) El
incremento de la importaciones, que este año rondarán los 10.000 millones de
u$s aún con una economía estancada; 4) La irracional política tarifaria aplicada por el
gobierno nacional desde 2003 que
acaba de ser ratificada en los últimos días y que ha llevado a numerosas
empresas prestatarias de servicios públicos a la cesación de pagos, lo que es
incompatible con la ampliación normal de la oferta energética; 5) La
irracional política de subsidios energéticos que recarga el presupuesto nacional y
distrae fondos públicos que nuestro país requeriría para otros fines
prioritarios.
El
Documento trata también dos temas fundamentales. El primero de ellos es la
situación de YPF, a seis meses de la expropiación. Sobre este punto se
constatan hechos relevantes: 1) La empresa todavía no fue tasada; 2) La porción
expropiada por lo tanto no ha sido pagada ;
3) La acción de la compañía hoy cotiza un 55% por debajo de lo que cotizaba a
principios de año; 4) Su producción de gas natural hoy es inferior a la de
2011 y su producción de petróleo es inferior a la de 2010 ; 5) El Plan Estratégico presentado
por el CEO de la Compañía a los 100 días hoy parece inviable a la luz de los
resultados de su último balance trimestral; 6) La empresa inexplicablemente está fuera de la
orbita de la AGN .
El
segundo tema es la denuncia que formulamos de que en nuestro país se ha
producido, y se continúa produciendo lamentablemente, la toma
especulativa de áreas petroleras que pueden contener recursos petrolíferos por
empresas sin experiencia petrolera. Esto solo es posible en una situación
de desquicio administrativo y tráfico de influencias en algunas provincias que
es perentorio corregir.
Los ex
secretarios de Energía afirmamos que Argentina puede tener un futuro energético
mejor que su presente decadente. Sin embargo ese futuro solo será posible si
somos capaces de cambiar. Hemos estimado que revertir la situación requiere
de un flujo de inversiones que rondará los 15.000 millones de u$s por año.
Estos
recursos deben ser atraídos hacia la Argentina con políticas racionales y
nacionales que hoy no existen. Está todo por hacerse: plasmar consensos sobre
una política de Estado que se mantenga por 25 años; hacer nueva legislación;
crear institucionalidad; elaborar un Plan Estratégico a largo plazo;
finalmente, y muy importante, firmar contratos de buena fe y cumplir y hacer
cumplir lo firmado.
Artículo publicado en el
Diario Clarín el 3 de diciembre de 2012
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