Se ha tomado conocimiento de que en la reunión prevista entre los presidentes Vladimir Putin
y Cristina Fernández para el corriente mes, se avanzaría en la materialización
de los acuerdos comerciales y de cooperación tecnológica en materia nuclear y
energética. Los acuerdos a firmar se desconocen pero seguramente guardan relación
con las gestiones que iniciara en Moscú
el año pasado el ministro Julio De Vido, quien a su regreso anunció planes para el sector nuclear por más de US$ 23.000
millones, cuyo contenido y justificación de dicho monto se desconoce, a pesar
del tiempo transcurrido desde dicho viaje y sin que se dieran las explicaciones que tan
importante cuestión requiere. Tampoco ha existido el ese período información pública,
ni aprobación legal alguna por parte del Congreso Nacional.
Es pertinente mencionar que en materia nuclear, en nuestro
país rige lo dispuesto en la ley N ° 26.566, sancionada hace más de cinco años,
sin que se hayan producido avances en la mayoría de las obras que se definieron
en la misma. Tampoco los organismos de control
han producido informes sobre el avance de las obras encomendadas en la ley a
CNEA
y a NA-SA.
Cabe poner de manifiesto que las centrales nucleares que se pretende introducir
en los acuerdos con Rusia no están contempladas
en esta ley mencionada.
El proceder gubernamental indica que se está frente a un modus operandi que ya ha sido utilizado en el caso de los acuerdos con China firmados a principios de febrero del corriente año, que comprometen al país ante un país extranjero en la ejecución de obras de infraestructura de muy alto costo -en este caso, de centrales nucleares-, sin que existan los estudios previos necesarios para justificar la necesidad de las obras integrantes los acuerdos. Muchas veces, bajo una financiación de baja tasa de interés que forma parte de los convenios,estas obras son ejecutadas por empresas sin la debida experiencia ni los
debidos procesos licitatorios públicos y transparentes, que aseguren la
ejecución de las obras a precios competitivos.
El Grupo de Ex Secretarios de Energía ha sostenido en
reiteradas oportunidades, y lo hace ahora nuevamente, que no es técnica ni
políticamente razonable lanzar obras de la magnitud y complejidad de una
central nuclear sin estudios previos completos,
que justifiquen que la obra debe ser realizada y que además es viable en lo
económico, financiero, ambiental y, muy importante, que asegure la mejor
relación costo-beneficio frente a otras alternativas.
La experiencia histórica prueba que cuando este tipo de decisiones
se toma en el ámbito político, prescindiendo de los criterios anteriores, el
país todo termina afrontando grandes sobrecostos de obras, atrasos significativos
en los cronogramas. Situaciones indeseables de en enorme costo y atraso para el sector.
No nos oponemos a los Acuerdos de Cooperación. Creemos que el
Gobierno puede y debe firmar convenios de cooperación en energía en general y,
en materia nuclear en particular, con
los países, que como Rusia, forman parte de nuestras relaciones internacionales,
y con los cuales tenemos desde siempre fluidos intercambios comerciales y
tecnológicos.
Sin embargo, la compra de
centrales nucleares debe surgir luego de una definición consensuada sobre la
tecnología más adecuada a migrar, luego de la experiencia de los reactores de
agua pesada. Es un tema en el que no se debe improvisar, y debe estar enmarcado
en una Planificación Energética Estratégica que la Argentina hoy ausente y que
deberá encarar el próximo gobierno.
Es necesario definir el futuro nucleoeléctrico de nuestro
país, pero por ser una decisión de altísimo costo y largo período de ejecución
que involucrará en su ejecución a varios gobiernos, ello debería hacerse en el
marco de una Política de Estado con
suficiente consenso político para asegurar su concreción en el tiempo.
Firmado:
Emilio Apud - Julio César Aráoz - Enrique Devoto - Roberto Echarte
Alieto Guadagni - Jorge Lapeña - Daniel Montamat - Raúl Olocco
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